El fino equilibrismo de las Fuerzas Armadas de Brasil ante el juicio a Bolsonaro

El día que Dilma Rousseff llegó al poder, el mundo vio a la primera presidenta en la historia de Brasil. Pasó más desapercibido que una víctima de la dictadura asumía la jefatura del Estado. A ella —una guerrillera que nunca pegó un tiro— no le tembló la mano para crear una comisión de la verdad, algo que los militares nunca le perdonaron. Tampoco Jair Messias Bolsonaro, que, cuando nadie imaginaba que aquel misógino zafio llegaría a presidente, dedicó su voto en el impeachment de Rousseff al militar que la torturó en la dictadura. Ahora que el Tribunal Supremo ha ordenado sentar en el banquillo a Bolsonaro, se recuerda que ningún mandatario brasileño fue juzgado por golpismo. Y es cierto. Pero, como recalcan los que conocen las entretelas de las Fuerzas Armadas, el verdadero hito histórico es que varios generales brasileños rendirán cuentas ante un tribunal por intentar alcanzar el poder de manera ilegítima. A fin de cuentas, Bolsonaro no pasó de capitán.

El almirante jefe de la Marina y tres de los generales-ministros que acompañaron a Bolsonaro en un Gobierno que siempre tuvo más militares que mujeres van a ser juzgados, como él, por encabezar una tentativa de insurrección contra Luiz Inácio Lula da Silva, líder de la izquierda brasileña y actual presidente. Hasta ahora, ningún general golpista fue castigado pese a que la historia de Brasil está salpicada de asonadas e injerencias verde oliva. Tras la última dictadura, abrazó una amnistía mientras la vecina Argentina condenaba a los represores a la cárcel y el escarnio público.

Las Fuerzas Armadas han guardado un escrupuloso silencio desde que la sala primera del Tribunal Supremo acordó por unanimidad, el miércoles pasado, aceptar la denuncia. “Las Fuerzas Armadas [FF AA] han construido con habilidad un discurso para exculpar a la institución, recalcando que fueron actuaciones individuales, no de la institución, que deben ser investigadas y las responsabilidades, depuradas”, explica Alexandre Fuccille, profesor de la universidad Unesp y que fue director del área de Política y Estrategia del Ministerio de Defensa en el primer mandato de Lula. La cúpula militar quiere que el caso avance con rapidez para cerrar el capítulo cuanto antes. Este viernes se han llevado una alegría porque Lula ha subido un 9% los sueldos de los uniformados.

A nadie se le escapa la fuerte penetración del bolsonarismo en los cuarteles, triunfa entre tropa y oficiales. Bolsonaro cimentó su carrera política reclamando mejoras laborales para la soldadesca y los policías militares.

Este caso judicial ilustra magníficamente hasta qué punto los militares mantienen un fino equilibrio o, como dicen en Brasil, “tienen un pie en cada canoa”. Cierto que varios oficiales, en activo y de la reserva, están procesados por golpismo y que el club militar de Río de Janeiro celebrará, este lunes 31, el tradicional almuerzo por la revolución democrática de 1964. O sea, el golpe. Pero la Fiscalía también otorga a dos generales un papel estelar en el momento crucial de la fracasada tentativa contra Lula: los comandantes del Ejército, Marco Antonio Freire Gomes, y de la Aeronáutica, Carlos de Almeida Baptista, salvaron a la patria de un nuevo golpe en 2022 al negarse a la propuesta de Bolsonaro de unirse a la conspiración. Subyace la idea de que, si las FF AA fueran golpistas, la asonada habría triunfado. Y quién sabe si habría prosperado el plan de asesinar al presidente Lula, al vicepresidente, Geraldo Alckmin, y a Alexandre de Moraes, el juez instructor y líder de la ofensiva judicial para preservar la democracia.

Eduardo Heleno, profesor de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense y sin parentesco con el general Heleno, uno de los acusados, destaca que el juicio “sentará en el banquillo a la extrema derecha militar, demuestra que los militares no están por encima de la ley y la fortaleza de las instituciones republicanas”. Los conspiradores dejaron múltiples pistas en WhatsApp y más allá. “Más que amateurismo, obedece a la eterna certeza de la impunidad, que es norma en Brasil”, advierte Fuccille. “Por eso es importante que ahora haya castigo”, añade.

Bolsonaro y sus supuestos secuaces se juegan 43 años en prisión. Pese a sus muchas tribulaciones judiciales, el ultraderechista conserva un gran capital político. Lidera la oposición. Actúa como si no estuviera inhabilitado para concurrir a las elecciones hasta 2030 mientras proclama que antes muerto que designar sucesor. Agita las calles con manifestaciones, y promueve una ley para amnistiar a los condenados por el asalto a las sedes de los poderes federales en Brasilia, en enero de 2023, una semana después de que Lula tomara posesión. Este viernes se anotó una pequeña victoria: el caso por falsificar su cartilla de vacunación fue archivado.

Resulta paradójico que las mismas FF AA, que con Bolsonaro tuvieron más poder político que nunca desde el fin de la dictadura (1985), han visto cómo su prestigio se desploma a partir del asalto a Brasilia. El complot —que supuestamente arrancó con campañas de desinformación, alumbró los campamentos golpistas y planes de magnicidio— ha disparado la desconfianza en la institución al 72%.

El profesor Heleno llama la atención sobre un aspecto de esa desconfianza hacia el ejército. Llega desde ambos flancos: “Los demócratas desconfían de ellos, pero los autoritarios también están decepcionados, porque esperaban que intervinieran”. El politólogo recalca que, en cuanto los militares asumen tareas de Gobierno, sufren las críticas que acompañan a la gestión pública. Y recuerda una crisis similar en las interacciones civiles-militares tras el golpe de Getulio Vargas en 1930 y otro viejo refrán: “Cuando la política entra por las ventanas de los cuarteles, la jerarquía y la disciplina salen por la puerta”. Las FF AA disfrutan de una enorme autonomía, sea para el temario que estudian sus oficiales o los ascensos. El experto Fuccille es “muy escéptico” ante la hipótesis de que el juicio derive en un mayor control civil del estamento militar.

Frentes hay unos cuantos. Las acusaciones de golpismo han puesto el foco en los asombrosos (e intocables) privilegios de los militares brasileños. Entre salarios y pensiones, los ocho acusados se embolsan juntos 265.000 reales, que vienen a ser 5.300 euros por barba al mes (5.700 dólares). Pero hay más. Cuando un militar pasa a la reserva, recibe una especie de ascenso económico (cobra la pensión del nivel superior) junto a un pago único de ocho salarios. Eran cuatro hasta que Bolsonaro lo aumentó y Lula no lo ha tocado.

Este tipo de beneficios y otros extravagantes como la pensión vitalicia que heredaron miles de hijas solteras de militares explican que las FF AA brasileñas tengan un presupuesto considerado razonable para la región, pero que invertir resulte una quimera. ¿La razón? Ocho de cada diez reales van a salarios o pensiones.

El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, osó recientemente tocar a los militares para cuadrar los números de una reforma fiscal, pero el asunto ya se ha olvidado. El presidente Lula rehúye la pelea, solo se mete en las estrictamente necesarias. Siempre prefiere buscar la conciliación. Mientras Bolsonaro asistía a la deliberación de los jueces en el Supremo, el presidente estaba en la otra punta del planeta, en una cena de gala con los emperadores de Japón. Tras la decisión judicial, el mandatario ironizó: “Cuando [Bolsonaro] pide una amnistía antes de ser juzgado, está diciendo que es culpable. Más le vale dejar de llorar y asumir la realidad. Que sepa que cometió un atentado contra la soberanía”.

En 2002, las FF AA recibieron con enorme desconfianza a aquel obrero que combatió la dictadura desde un sindicato y ahora era el presidente. Se los ganó por el bolsillo. Emprendió programas estratégicos de inversión: cazas, submarinos… Los militares quedaron encantados. Un nacionalista de verdad, decían, nada que ver con su predecesor, Fernando Henrique Cardoso, de familia militar. Pero con él, la penuria presupuestaria fue tal que enviaban a los reclutas a casa el jueves porque no había dinero para el rancho del viernes, recuerda el profesor Fuccille.

Aunque la presidenta Rousseff invirtió como nadie en proyectos militares, abrió la caja de Pandora al crear la comisión de la verdad. Tocó un nervio. Y los uniformados se lo hicieron saber a ella y a todo Brasil. En el acto inaugural, los jefes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea no se sumaron al aplauso general final. La comisión concluyó que la dictadura mató o desapareció a 434 personas (incluido el protagonista de Aún estoy aquí, que ganó el primer Oscar de Brasil). Y señaló con nombres y apellidos a los represores, pero no los castigó. Siguieron con sus vidas y con sus pensiones.

Durante años, Bolsonaro tuvo mala fama entre los oficiales de las FF AA por su registro histórico de indisciplina. Su carrera militar acabó abruptamente tras amenazar con un bombazo para obtener mejoras salariales. Un tribunal militar lo condenó y otro lo absolvió, de manera que en 1988 salió del ejército por la puerta de atrás con el grado de capitán. Y saltó a la política.

Bolsonaro está un paso más cerca de la cárcel sin dejar de acariciar el sueño de una resurrección política como la de su gran ídolo, Donald Trump, o su gran rival, Lula.